Hoy, 14 de abril, entra en vigor la Ley 4/2011, de reforma de la LEC.
Entre las principales novedades cabe destacar la implantación del proceso monitorio europeo y la elevación de la cuantía a partir de la cual es preceptiva la intervención de abogado y procurador que pasa a situarse en los 2.000 euros.
Lejos de abaratar la justicia, como demagógicamente se afirma, permitir que por debajo de los 2000 euros pueda litigarse sin necesidad de postulación significa que el coste de los profesionales no es recuperable en costas lo cual supone un serio perjuicio especialmente para los litigantes con menos recursos. La reforma merece pues ser criticada.
